
Fuente de la imagen: https://www.coindesk.com/policy/2025/11/27/australia-s-new-digital-assets-bill-seeks-to-prevent-past-crypto-failures
En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha vivido fuertes oscilaciones que han revelado graves riesgos estructurales: desde brechas de seguridad en las plataformas hasta prácticas opacas de custodia y crisis de liquidez. Episodios como FTX y Celsius han supuesto grandes pérdidas de activos para los usuarios y han puesto de manifiesto los peligros sistémicos de una regulación insuficiente. Para evitar que se repitan estos casos, recuperar la confianza pública y favorecer una integración más sólida entre el sector cripto y las finanzas tradicionales, el gobierno australiano ha apostado por establecer un marco regulatorio sólido.
En noviembre de 2025, el Tesoro y el Departamento de Servicios Financieros presentaron oficialmente el Digital Asset Framework Bill ante el Parlamento. Esta ley pionera es la primera normativa integral en Australia dirigida a empresas que gestionan activos digitales en nombre de clientes, y supone el paso de principios regulatorios generales a reglas concretas y exigibles.
La ley clasifica a los participantes del sector en dos tipos de plataformas, cada una con requisitos regulatorios específicos:
Todas las plataformas de estas categorías deben obtener la Australian Financial Services License (AFSL, Licencia Australiana de Servicios Financieros) y cumplir los estándares de custodia, liquidación y gestión de riesgos establecidos por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC, Comisión Australiana de Valores e Inversiones).
Para fomentar la innovación, la ley contempla exenciones para plataformas de pequeño tamaño y bajo riesgo: si los activos de un cliente no superan los $5 000 y el volumen anual de transacciones de la plataforma no excede los $10 millones, estas plataformas pueden acceder a una exención temporal de los requisitos de licencia completa. Sin embargo, estas exenciones no suponen una ausencia de supervisión; las plataformas deben seguir garantizando estándares básicos de protección al cliente.
Además, la ley eleva de forma significativa las sanciones por incumplimiento. Las empresas que vulneren los estándares de custodia o actúen sin licencia se enfrentarán a multas de varios millones de dólares o sanciones calculadas en múltiplos de los ingresos anuales, reforzando el efecto disuasorio de la regulación.
Plataformas y exchanges: El sector entra en una nueva etapa de cumplimiento estricto. Las plataformas deben aplicar principios de eficiencia, honestidad y equidad, implementando requisitos esenciales como la segregación de activos, la gestión de riesgos, la transparencia informativa y la liquidación segura. Los operadores sin licencia o que incumplan los estándares de custodia afrontarán graves riesgos legales. Estos cambios elevarán el nivel de gobernanza, mejorarán las prácticas de custodia y aumentarán la transparencia operativa en todo el mercado.
Usuarios e inversores: La definición clara de normas de custodia y trading aporta mayor seguridad sobre los activos. Los usuarios se benefician de protecciones institucionales en los flujos de fondos, la ejecución de operaciones y los riesgos de custodia. Los cambios regulatorios reducen las barreras de entrada para inversores institucionales y fondos orientados al cumplimiento, lo que incentivará una participación más amplia.
Estructura del mercado: La regulación acelerará la segmentación del sector. Las plataformas que cumplan la normativa atraerán con mayor facilidad a instituciones financieras, fondos e inversores profesionales. Así, el mercado avanzará hacia estándares de gobernanza más altos y atraerá a más participantes institucionales. Las plataformas pequeñas y medianas que no logren adaptarse podrían quedar fuera del mercado.
Como primer país en definir formalmente un marco regulatorio para la custodia y el trading de criptoactivos, Australia marca un precedente relevante. La mayoría de los países limita la supervisión cripto a la lucha contra el blanqueo de capitales (AML, Anti-Money Laundering), la financiación del terrorismo (CTF, Counter-Terrorism Financing) o la declaración fiscal, sin apenas regulación institucional sobre custodia y trading. Al legislar sobre las responsabilidades de las plataformas, los modelos de custodia y los estándares de protección al usuario, Australia ofrece un referente para los reguladores internacionales.
Este paso impulsará a otros países a desarrollar sistemas regulatorios estructurados, favorecerá la convergencia entre criptoactivos y mercados de capital tradicionales y abrirá vías institucionales claras para fondos de pensiones, family offices y fondos conservadores. Así, los criptoactivos se integrarán más en el mercado general y los mercados ganarán estabilidad.
El Digital Asset Framework Bill supone un hito clave en el camino de Australia hacia una industria cripto madura. Desde las operaciones de las plataformas y la protección de los usuarios hasta los estándares de custodia y los procesos de liquidación, este marco traslada el sector de un crecimiento sin control al terreno de la infraestructura financiera.
Para las empresas, redefine las barreras competitivas. Para los usuarios, aporta mayor seguridad y transparencia. Para el mercado global, puede anticipar el inicio de una nueva ola de institucionalización.
El arranque de la era del cumplimiento dependerá de la aprobación formal de la ley y de su impacto en la práctica. No obstante, se trata de un paso crucial en el desarrollo del sector que seguirá marcando el futuro de la regulación global.





