
(Fuente: Pete Kiehart / Bloomberg News)
Después de 40 días bajo amenaza de cierre, el gobierno federal de EE. UU. finalmente ha encontrado alivio. En noviembre de 2025, tras intensas negociaciones bipartidistas, el Senado logró un acuerdo temporal de financiación que puso fin al cierre más largo registrado. Este pacto extiende la financiación estatal hasta el 30 de enero de 2025, proporcionando así una breve ventana para nuevas discusiones fiscales. Para Washington, supone un compromiso dictado por la necesidad política; para los mercados, aporta la estabilidad tan esperada.
El acuerdo busca un alivio inmediato. Además de ampliar la financiación, incluye varias enmiendas simbólicas:
Esta estrategia encarna el clásico compromiso político por fases: posponer las políticas divisivas a cambio de estabilidad institucional a corto plazo.
Para los demócratas, el cierre ha supuesto tanto una prueba de resistencia como un punto de inflexión estratégica. Aunque el partido defendió inicialmente mantener la reforma sanitaria, la fuerte oposición de los partidarios de Trump y los conservadores obligó a una concesión táctica: separar los temas sanitarios para reactivar la administración pública.
Algunos sectores progresistas criticaron este movimiento por considerarlo excesivo, pero la corriente principal demócrata subrayó que el compromiso político resulta imprescindible para la gobernabilidad. En un contexto de alta inflación y volatilidad en los mercados, mantener cerradas las agencias federales sería mucho más costoso que priorizar la gestión por encima de cuestiones políticas concretas. El partido está pasando de tácticas centradas en temas específicos a anteponer la gobernabilidad, mostrando así una política más pragmática y funcional.
El cierre de 40 días no solo paralizó la administración: evidenció una fractura profunda en la confianza institucional. El bloqueo presupuestario obligó a los departamentos federales a suspender sus operaciones, lo que retrasó la publicación de datos económicos, dificultó decisiones empresariales e interrumpió la asistencia social.
Estos retrasos en la gestión pública afectaron la confianza de los mercados más que los costes fiscales inmediatos. Según la American Federation of Government Employees, más de 800 000 empleados federales sufrieron retrasos en el cobro de sus sueldos durante el cierre. El transporte público y los sistemas de ayuda alimentaria se paralizaron en varias regiones. El Congreso afronta tanto riesgos políticos como una seria advertencia sobre la integridad del sistema de gobernanza.
Al alcanzarse el acuerdo, los futuros de renta variable estadounidense repuntaron. Los futuros del S&P 500 subieron más de 1,2 %, lo que refleja el fuerte apetito inversor por estabilidad a corto plazo. Los analistas señalan que, aunque la solución no resuelve los problemas presupuestarios de fondo, demuestra que los mecanismos institucionales pueden aún superar las divisiones políticas. La mayoría prevé que este margen dará tiempo para negociar los presupuestos de cierre de año. Además, aporta mayor claridad para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
El final del cierre gubernamental pone de relieve la capacidad de resistencia del sistema político estadounidense bajo presión, pero también deja al descubierto sus vulnerabilidades. La naturaleza temporal del acuerdo indica que la crisis solo se pospone, no se resuelve. En Washington, el consenso suele llegar tras el agotamiento y el estrés, mientras los mercados buscan reconstruir la confianza en medio de la incertidumbre. A medida que la gobernanza eficiente escasea, el compromiso político se convierte en un elemento esencial de la estabilidad financiera.





